ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL INGRESO MÍNIMO VITAL
Por Conrado Moreno Bardisa, Socio Director de Bardisa y Asociados
Después de muchas idas y venidas en el seno de la coalición de Gobierno, con especial enfrentamiento entre el sector de Podemos -encabezado por el Vicepresidente Iglesias- y los Ministerios de Economía, Hacienda y Trabajo, la prestación social llegará a mediados de mayo.
Mucho se ha hablado estos días sobre el Ingreso Mínimo Vital desde que el Gobierno anunciara su aplicación en un futuro próximo, al parecer, casi inmediato, pero ¿qué es exactamente? ¿a quién beneficiará? ¿qué coste tendrá para las arcas públicas? Y sobre todo ¿conllevará ventajas para la sociedad en su conjunto o se trata de una medida populista como algunos denuncian? Trataremos de dar, en mayor o menor medida, con mayor o menor grado de acierto algunas respuestas a estas preguntas.
Por Ingreso Mínimo Vital debe entenderse aquella prestación garantizada por el Estado (u otras Administraciones Públicas) en beneficio de las personas que por su situación y circunstancias personales están en riesgo de pobreza extrema y han quedado al margen de los paquetes de ayudas aprobados hasta ahora para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 (no confundirse pues, con la Renta Básica Universal u otros constructos socioeconómicos). Si bien las cifras bailan un poco, de acuerdo con la propuesta inicial, se trataría de una renta para familias cuyos ingresos no alcancen los 450 euros de media por persona, o de ingresos de menos de 200 euros/mes por individuo.
La cuantía de estas ayudas, podría oscilar desde los 500 hasta los 950 euros si hay dos menores a cargo. Además, se contempla la situación de si en una misma unidad de convivencia hay más de un adulto sin ingresos, la prestación por esa segunda persona sea incrementada más allá de esos 500 euros.
Como con todas las cuestiones de gran calado social, no puede hacerse con el Ingreso Mínimo Vital un ejercicio de reduccionismo conceptual del todo o nada, de blanco o negro. Presenta, claro está, ventajas y desventajas y su aplicación práctica no estará exenta de errores o de fraudes de posibles beneficiarios “simulados” y es claro que supondrá un enorme esfuerzo para las arcas públicas, lo que se traducirá con toda certeza en una subida de impuestos en 2021 a las rentas más altas a través del IRPF y Patrimonio, y también modificaciones fiscales en Sociedades e incluso IVA.
Se esté a favor o en contra de su implantación, lo cierto es que en la actualidad vivimos una situación de emergencia nacional que irá in crescendo y que ha dejado multitud de hogares en la más absoluta indigencia y lo peor es que las perspectivas no son nada halagüeñas pues Pymes y autónomos, que son los actores económicos que más empleo generan en nuestro país se enfrentan los próximos meses a una ardua batalla por su supervivencia en la que, por desgracia, muchos pequeños y medianos empresarios caerán, arrastrando consigo a los trabajadores, pero también (no lo olvidemos) a sus propias familias.
Los detractores de la medida argumentan con cierta lógica que una “cronificación” del Ingreso Mínimo Vital supondrá en muchos casos un claro desincentivo para acceder al mercado laboral de las personas beneficiadas, un recurso a la economía sumergida para complementar eses ingreso y un coste inasumible para las arcas públicas que no sólo podría abordarse desde las subidas de determinados impuestos, si no que precisaría de recortes en muchos otros ámbitos de las Administraciones Públicas que los políticos no están dispuestos a asumir por su coste electoral y su impopularidad. Por ello los críticos solicitan que la prestación tenga una duración determinada y no genere dependencia absoluta, demandando a su vez que desde el Gobierno se impulsen políticas activas de empleo que, entienden, son la mejor fórmula para que las familias escapen de una situación de pobreza.
No es así, sin embargo, como se está enfocando desde el Gobierno, pues al parecer la medida sí tendrá vocación de permanencia más allá de la crisis del Coronavirus. Es por ello que, en opinión de quien suscribe, deberá realizarse una exhaustiva planificación y diseño para asegurar su buen uso, eficiencia y minoración de costes, permitiendo cierto dinamismo en su configuración de tal manera que los errores de su puesta en marcha puedan ser reajustados sucesivamente por el transcurso del tiempo sin necesidad de pesados trances burocráticos o legislativos.
En pocas semanas veremos una concreción del Ingreso Mínimo Vital y saldremos de dudas sobre los requisitos para acceder a la misma, el grado de complementariedad a las personas con pocos ingresos u otras prestaciones o como se integra y da cobertura a aquellas personas que actualmente están desprotegidas pero que escapan a los registros de Hacienda y la Seguridad Social.