Riders: situación laboral y perspectivas de futuro

Por Conrado Moreno Bardisa, Socio Director Bardisa y Asociados

Publicado en Economist&Jurist: 

Se estima que en nuestro país hay más de 30.000 autónomos prestando sus servicios de repartidor para grandes compañías como Glovo, Deliveroo, Uber Eats o Just Eat, cuestionándose reiteradamente la naturaleza de la relación laboral existente entre compañía y rider.

Es innegable que las grandes empresas del sector delivery llegaron a España para quedarse y que su impacto en la situación económica y laboral de nuestro país ha ido ganando peso conforme estas asentaban su actividad y llegaban cada vez a más consumidores (más de 5 millones de usuarios).

La Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) hablaba ya en 2019 de un impacto de 700 millones de euros (0,06% del PIB), cifras que podrían quedarse muy cortas para el 2020 si tenemos en cuenta la enorme incidencia que ha tenido la situación pandémica COVID19 en este sector y el aumento exponencial de su actividad derivado de las medidas sanitarias restrictivas para la movilidad, como confinamientos, cierre de locales de restauración, prohibiciones de interacción social etc. habiéndose erigido el sector delivery en una solución, un salvavidas cuanto menos temporal, de multitud de autónomos y pymes dedicados al negocio de la restauración que, si bien se han visto obligados a digitalizar sus negocios para aprovechar las oportunidades del delivery, y para el caso de que sobrevivan a la actual coyuntura económica, podrán verse en una posición reforzada (por ejemplo, en gestión de pedidos online).

Sin duda dichas empresas han transformado y dinamizado un sector que estaba anclado, encorsetado en viajas formas y que finalmente se ha acabado rindiendo a la transformación digital creando decenas de miles de puestos de trabajo. Pero, por otro lado y desde un punto de vista ciertamente negativo, estás plataformas digitales y apps (con la salvedad de Just Eat) han usado una fórmula muy cuestionada en sus relaciones contractuales con los riders, pues argumentan que son únicamente empresas intermediarias entre el comercio-vendedor (restaurante, supermercado, grandes almacenes, minoristas) y el consumidor final, siendo el repartidor según su cuestionado esquema de negocio, un autónomo “emprendedor” que presta servicios por su cuenta y riesgo y que conforme va acumulando experiencia y servicios va mejorando sus condiciones de contratación, turnos y ganancias económicas, modelo que evidentemente ha sido rechazado por los sindicatos mayoritarios de los trabajadores y calificado bajo el sistema del “falso autónomo”.

No es de extrañar que, dada la cada vez mayor presencia en la actividad económica de estos grupos y las constantes alusiones a la precariedad que padecen los riders en sus condiciones de trabajo se haya instado un diálogo social por parte del ejecutivo a los agentes económicos para establecer un marco normativo de dicha actividad, pues en palabras de la propia Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, los repartidores afectados son «autónomos sin autonomía», tratándose claramente de trabajadores por cuenta ajena a quienes debe aplicarse la legislación laboral. Opinión que guste o no a determinados sectores empresariales, es compartida por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que en una reciente Sentencia del Pleno declaró que la relación existente entre un repartidor (rider) y la empresa Glovo tenía una naturaleza laboral, resolución que además es apoyada por multitud de sentencias de otros Juzgados y Tribunales de orden inferior que llegan a la misma conclusión.

Pero ¿qué opinan los riders de todo esto? Pues bien, lo primero que llama la atención a estos freelance es que se esté preparando un marco normativo y no se les haya invitado a participar en el diálogo social junto con sindicatos mayoritarios y patronal que sí están en la mesa de negociación. Así lo exponía Badr Eddine, presidente de la Asociación Autónoma de Riders que indicaba que debe tenerse altura de miras en la confección de la futura Ley y se les debe permitir paticipar en la negociación, ya que desde dicha asociación afirman que la gran mayoría del gremio de riders desea continuar siendo autónomo, solo que, con mayor seguridad jurídica y laboral en sus condiciones, poniendo de manifiesto que la idea de convertir automáticamente a todos los repartidores en asalariados es reduccionista y puede no ser lo más acertado ya que las libertades de las que gozan (elegir cuándo y cuánto trabajan, conciliación de la vida personal, no tener un jefe u horarios fijos o poder tener otras ocupaciones al mismo tiempo) son el mayor atractivo para las personas que se dedican o buscan este trabajo. Flexibilidad que defienden, es más acorde a los tiempos actuales.

Por otro lado, desde Just Eat sí ven con buenos ojos la regulación de los riders, siempre que el Gobierno sea capaz de articular una normativa dinámica y en constante cambio, que garantice los derechos de los trabajadores y la competitividad de este tipo de plataformas. Además, entienden esencial y urgente un marco al que deban acogerse todas las empresas delivery para evitar la precariedad y la competencia desleal entre ellas, como según dicha empresa, ocurre actualmente.

La futura Ley que afectará al colectivo de repartidores a domicilio deberá, en definitiva, tratar de conciliar los aspectos más positivos y el dinamismo de estas nuevas formas de empleo, con una regulación que dote a estos trabajadores de mayor protección y seguridad jurídicas a las que atenerse y no quedar al arbitrio de las diferentes plataformas, evitando eso sí, caer en automatismos que pueden acabar por generar una pérdida drástica de empleo. El tiempo dirá.