NOVEDADES QUE VIENEN EN MATERIA TRIBUTARIA
Por Conrado Moreno, Socio Director
Se avecinan numerosos cambios en materia tributaria que afectarán directa o indirectamente al bolsillo de los ciudadanos, pero también a autónomos y empresas previéndose, por un lado, una mayor presión fiscal a nivel estatal y una relajación o bajada a nivel local o autonómico donde gobiernan los partidos de centro-derecha.
A principios de este mes saltaba a la palestra la noticia de que la Comisión Europea había decidido finalmente aprobar la petición del Gobierno de nuestro país de no implantar peajes en sus autopistas en el año 2024 tal y como al parecer, estaba previsto y a lo que España se había comprometido con anterioridad, noticia que ha aliviado a muchos usuarios (conductores y transportistas) ante algo que veían prácticamente inminente y que según la patronal de las constructoras y gestoras de infraestructuras (Seopan) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) habría ahorrado al Estado unos 1.663 millones de euros.
Esta decisión se enmarca en los playes enviados a Bruselas en los que, como contrapartida se encontraría el fin a las ayudas -paquetes fiscales- diseñadas por el Gobierno para aliviar a empresas y hogares ante la crisis inflacionista. El Gobierno ingresará 5.000 millones extra si, como parece, retira los actuales beneficios fiscales a la energía (gas y electricidad) y los alimentos (IVA de productos básicos en la cesta de la compra) vigentes hasta final de año. La medida sería del todo impopular dada la actual escalada de precios en los supermercados y más recientemente del petróleo por el conflicto de Oriente Próximo.
Ante el revuelo causado y la previsible retirada de dichas ayudas el Gobierno en funciones está, en el marco de una posible investidura, alcanzando acuerdos que elevarían la presión fiscal a las grandes empresas, estableciendo en el impuesto de sociedades un mínimo del 15% que sobre el resultado contable y no como hasta ahora, sobre la base imponible. En palabras de la Vicepresidenta Yolanda Díaz: “este impuesto debe aplicarse sobre los beneficios reales y no sobre lo que las empresas nos dicen que perciben», declaraciones que no han gustado nada a las patronales, que auguran una altísima litigiosidad en caso de prosperar dicha propuesta.
También se ha puesto encima de la mesa en el acuerdo entre PSOE-SUMAR el mantenimiento del impuesto extraordinario a las energéticas y a la banca que nació con vocación temporal pero que amenaza a estos sectores con asentarse a largo plazo, medida que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz ha tildado de “electoralista”, calificando el impuesto como “ilegal, inconstitucional y discriminatorio” contra el que tienen interpuestos diversos recursos ante los Tribunales. En el mismo sentido se han pronunciado desde el sector bancario, impuesto extraordinario que califican de “estigmatizador” y que tendrá un claro impacto en el crédito, como señalaba el consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, “no es la mejor forma de ayudar a la economía y es contraproducente porque el sector necesita capital para seguir prestando”.
En este sentido La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero ha restado importancia a estas críticas, recordando que, si bien el período de vigencia es hasta el 2024 y habría concluido, cuando estos impuestos fueron presentados ya transmitieron que “las revisaríamos al finalizar su vigencia y veríamos el rendimiento que ambas han provocado». Como decimos el acuerdo de investidura suscrito por PSOE y Sumar prevé revisar estas figuras tributarias con la intención de mantenerlas más allá de los dos años inicialmente previstos, ya que se ha conseguido recaudar más de 2.900 millones de euros y los sectores afectados (banca y eléctricas) han continuado con un amplio margen de beneficios.
En el espectro contrario, desde distintas comunidades Gobernadas por el centro-derecha (Baleares, Comunidad Valenciana, Aragón etc..) se han producido o se prevé que se produzcan importantes cambios en materia de impuesto de sucesiones y donaciones siguiendo la estela marcada por Madrid y Andalucía con bonificaciones hasta el 99%, lo que ha sido muy criticado por los partidos de izquierda que prevén una merma de ingresos en las arcas públicas que se trasladará irremediablemente a los servicios que perciben los ciudadanos.