APROXIMACIÓN AL IMPUESTO DE SUCESIONES Y SU PROBLEMÁTICA ACTUAL: ¿PARAÍSO O INFIERNO FISCAL?

Por Conrado Moreno Bardisa, Socio Director de Bardisa y Asociados.

El Gobierno de coalición ha manifestado su intención de llevar al Congreso de los Diputados una reforma fiscal antes del próximo verano, con especial trascendencia en el Impuesto de Sucesiones.

Una vez más el debate sobre el impuesto de sucesiones ha salido a la palestra impulsado por dos circunstancias, las recientes elecciones catalanas del día 14 de febrero con una tensa campaña electoral y, por otro lado, la actual necesidad recaudatoria de las Administraciones Públicas que deben afrontar la factura que está dejando la crisis sanitaria y social derivada de la situación de pandemia.

Además, desde diversos gobiernos autonómicos y representantes políticos nacionales se ha lanzado últimamente un órdago al Ejecutivo Central para “armonizar” de una vez por todas dicho impuesto y evitar que se produzcan situaciones tan dispares entre las distintas regiones de nuestro país, en clara alusión a la situación impositiva de la Comunidad de Madrid, actualmente con uno de los impuestos de sucesiones más bonificados y que algunos llegan a tildar “paraíso fiscal” dentro de nuestras fronteras –si bien no es la región con menor presión fiscal en sucesiones-.

Llama la atención asimismo que precisamente dichas iniciativas recentralizadoras hayan venido impulsadas por partidos políticos de corte nacionalista, independentista o federalista que exigen gestos al Gobierno para una armonización “al alza” del meritado tributo, aunque ello suponga una intromisión en el reparto competencial de las autonomías, habiendo recogido el guante el Ejecutivo para plantear una amplia reforma antes del próximo verano.

Como en cualquier reforma impositiva y a juicio de quien suscribe, es deseable un estudio minucioso y alejado de prismas ideológicos intransigentes y oportunismos de turno, más si cabe si la discusión se circunscribe a un período electoral en el que cada partido trata de sintonizar con sus potenciales votantes o como decíamos antes, a una crisis sanitaria global que precisa de medidas extraordinarias en materia de recaudación. Es cierto que determinadas Comunidades Autónomas tienen una carga fiscal elevadísima que da lugar a situaciones ciertamente peculiares, por ejemplo, los madrileños llegan a pagar hasta 31 veces menos que los ciudadanos residentes en la Comunidad Valenciana donde una persona que hereda un bien inmueble con cierto valor puede verse abocado a la imposibilidad de pagar el impuesto y renunciar a la herencia, a la necesidad de vender otros bienes para poder pagarlo o pedir aplazamientos que generarán los consiguientes intereses de demora.

Algunas publicaciones hablan que sólo en el año pasado cerca de 45.000 personas renunciaron a su herencia ante la imposibilidad de hacer frente al pago del Impuesto de Sucesiones. Pero por otro lado no es menos cierto que existe una brecha demasiado alta entre las diferentes regiones y que es un buen momento para plantear el debate sobre armonizar el impuesto de sucesiones con argumentos de progresividad y justicia social que tenga ciertamente la mirada puesta en las normativas europeas y que evite la competencia desleal entre comunidades.

El principal foco de atención está puesto en la Comunidad de Madrid que teniendo uno de los impuestos de sucesiones (y también patrimonio) más bajos de España ejerce un gran atractivo por el efecto arrastre que tiene la “capitalidad” siendo acusada constantemente por el resto de regiones de dumping fiscal por la cantidad de particulares y empresas que allí deciden asentarse. Desde Madrid el discurso es bien diferente: el hecho de bajar impuestos no implica incurrir en dumping fiscal, simplemente que los impuestos en el resto de España son excesivos e injustos para la mayoría de los ciudadanos, pudiendo cualquier autonomía en ejercicio de sus competencias delegadas bonificar los impuestos como se hace en Madrid. De hecho, otras comunidades como Andalucía, Aragón, Galicia, Canarias y Cantabria siguieron los pasos de Madrid e hicieron uso de su competencia para bonificar las cuotas de este impuesto.

El debate es acalorado y no falta razón en ambas posiciones. No puede consentirse una situación tan lesiva como la de la Comunidad Valenciana, con una presión elevadísima en impuesto de sucesiones que ha implicado un continuo aumento de la renuncia de herencias desde el año 2011, con tasas máximas el pasado 2020 –y que no ha afectado precisamente a los contribuyentes más pudientes- pero por el contrario tampoco es justo que en determinados territorios se ejerza una competencia fiscal no demasiado legítima con diferencias de gravamen tan elevadas que impiden la existencia de un mínimo equilibrio en plano horizontal, favoreciendo que personas y empresas se desplacen –en su legítimo derecho- a estas regiones, con lo que ello supone en términos de riqueza generada.

Por todo ello, es necesaria altura de miras lejos de intereses partidistas, ecuanimidad y un profundo análisis de la situación fiscal del ciudadano medio y del territorio, intentando que la futura reforma armonice en términos progresivos, pero no inquisitoriales, el impuesto de sucesiones, aprovechando dicho trámite para tanto armonizar por la base de cotización mínima, como por la parte alta e incluso porque no, incluyendo determinados hechos singulares como mayores bonificaciones en las provincias de la “España vaciada” que favorezcan la movilidad a dichas zonas, mucho más deprimidas económicamente, u otras circunstancias como el hecho insular. Estaremos expectantes a los próximos pasos del Ejecutivo.